Repudio generalizado por atentado contra Oquelí

Repudio generalizado por atentado contra Oquelí

- Iglesia difunde en templos comunicado en el que expresa rechazo a la violencia y critica la minería, el modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales y demanda que los pueblos indígenas sean consultados.

Ciudad de Guatemala, 18 junio (Redacción-FLACSO-Guatemala) – Distintas organizaciones manifestaron su preocupación y condena por el atentado contra la vida de la activista Yolanda Oquelí, dirigente comunitaria de San José del Golfo, Guatemala, donde es opositora a un proyecto minero canadiense, mientras la Iglesia difundió el domingo un comunicado en el que rechaza la violencia, critica la minería y demanda al Estado consultar con los pueblos indígenas por estos temas.

El atentado contra Oquelí es motivo de rechazo y preocupación, dijo Raúl Nájera, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Esa institución emitió un comunicado expresando su repudio al hecho ocurrido la semana pasada.

Otro tanto hicieron distintas organizaciones humanitarias, sociales y ecologistas. “Repudiamos la violencia contra Yoli (Oquelí) y las comunidades en resistencia que se han destacado por su valor y decisión en defensa de la vida, el agua y su territorio. Nos solidarizamos con la familia de Yoli y con el valeroso pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que están dando un ejemplo de dignidad con su lucha pacífica y legal contra la imposición autoritaria del gobierno y las empresas mineras”, dijo el Colectivo Ecologista Madre Selva.

Erick García, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dijo que el conflicto en San José del Golfo se activó hace varios meses por la oposición de los habitantes a un proyecto minero de capital canadiense que busca instalarse “sin el consentimiento de las comunidades en una zona que incluye a los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo”.

Agregó que el conflicto tomó relevancia pública luego de que la comunidad de San José del Golfo impidió el intento de la minera por introducir maquinaria sin permiso de las comunidades y bajo protección de las autoridades.

La demanda de San José del Golfo es clara: “consulta al pueblo, previa, libre, informada y respetada por el Estado y las transnacionales”, comentó García.

El caso de San José del Golfo es uno de los cinco conflictos vinculados a proyectos mineros o hidroeléctricos por los que la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) expresó preocupación en el comunicado “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios (Mt 5,9”, emitido el 31 de mayo pero distribuido el domingo inserto en las guías de las misas que se oficiaron en todos los templos y parroquias del país.

Los obispos guatemaltecos dijeron constatar lo dicho en la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil (30 de mayo de 2007): “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas”.

CEG: Pueblos indígenas deben ser consultados

En el comunicado, la jerarquía católica guatemalteca criticó la minería extractiva que se realiza en distintas regiones del país y demandó al gobierno del presidente Otto Pérez cumplir con la consulta a los pueblos indígenas que establece el convenio 169 de la OIT.

“Consideramos la importancia que tiene el implementar procesos de consulta según se plantea en el convenio 169 de la OIT, entendidas éstas como atribución del Estado de informar y consultar a los pueblos indígenas respetando su justo derecho a la información y consulta… urge una reglamentación de este procedimiento por parte del Estado”, señaló el documento.

La CEG dijo que es “motivo de atención” la política de desarrollo de la economía de Guatemala, la cual está “enfocada a la promoción de grandes empresas, por lo general transnacionales, orientadas a la explotación de bienes naturales, como los minerales, y grandes extensiones de tierra para el monocultivo”.

Advirtió que “un desarrollo basado en la participación de grandes empresas transnacionales y la extracción minera exige de parte del Estado una especial atención para que los intereses de la población sean efectivamente servidos”.

La jerarquía católica guatemalteca también expresó su solidaridad al obispo de la Diócesis de Huehuetenango, departamento del noroeste guatemalteco, fronterizo con México, monseñor Rodolfo Bobadilla, quien en una carta pastoral el mes pasado lanzó una dura crítica contra el gobierno del presidente Pérez.

La crítica sobrevino a raíz de la decisión del mandatario de imponer un estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas de ese departamento y por favorecer los intereses de la empresa Hidro Santa Cruz, de capital español, que construye una hidroeléctrica.

En ese lugar, el 1 de mayo pobladores tomaron un cuartel militar y causaron destrozos en protesta por la muerte de un vecino y las heridas causadas a otros dos habitantes presuntamente a manos de agentes de seguridad de dicha empresa.

El pasado 26 de mayo el Ministerio de Gobernacióninformó de la captura de dos empleados de la transnacional sindicados de este hecho.

Dijeron que al caso de Santa Cruz Barillas se suman otros por temas parecidos, vinculados a proyectos de extracción minera o construcción de hidroeléctricas.

“Consideramos la necesidad de implementar en el país, un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible a través de la inversión, el aprovechamiento racional de los bienes naturales y la creación de puestos de trabajo, hecho sobre la base de búsqueda del bien común y no solo del lucro y la acumulación de capital cuyos beneficios no llegan al pueblo”, añadieron.

También demandaron a las autoridades plantear el desarrollo del país “minimizando seriamente los graves riesgos de la contaminación ambiental que pueda causar la minería, es importante que las ganancias operativas de las empresas inviertan en el país. Se debe impulsar el respeto a las comunidades, su cultura y su entorno”.

Foto: Siglo 21 (Guatemala)
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