Estado de Sitio, Barillas

El Gobierno de la República decretó un Estado de Emergencia (Estado de Sitio) en el departamento de Huehuetenango, para restablecer el control por parte del Estado. El Estado de Emergencia (o de Excepción) es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario que el Gobierno puede adoptar para enfrentar adecuadamente alteraciones graves de la normalidad. Conforme con la Constitución, procede el Estado de Emergencia en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. El Gobierno, al decretar un Estado de Emergencia, puede suspender la plena vigencia de ciertos derechos fundamentales, tales como las libertades de hacer lo que la ley no prohíbe, de emisión del pensamiento y locomoción, así como los derechos a no ser detenido o preso, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden legal librada por autoridad judicial, a la reunión y manifestación pacífica y sin armas, a portar armas y de huelga de los trabajadores del Estado. Según la alteración que se enfrente, el Gobierno puede decretar cinco estados de Emergencia: De Prevención, de Alarma, de Sitio, de Guerra y de Calamidad Pública. La finalidad principal de los cuatro primeros es restablecer la paz, el orden, la seguridad o el control por parte del Estado, en tanto que la finalidad del Estado de Calamidad Pública es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), y crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves). En nuestra opinión, el Estado de Emergencia no necesariamente es el vehículo más idóneo para resolver problemas de inseguridad, desorden y violencia, ya que el mismo está previsto para enfrentar específicas y temporales alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública) y no para resolver problemas preexistentes no resueltos. Para garantizar la paz social y erradicar la impunidad y la corrupción, así como para abatir la conflictividad y las causas de la violencia, deben formularse políticas públicas atinentes y consistentes; y, asimismo, elaborarse planes de acción, debidamente financiados, cuyos recursos sean invertidos con eficiencia, transparencia, calidad, rentabilidad mensurable y sin atajos a la ley. Una acción aislada de cortísimo plazo no resuelve un problema de fondo.